El Consejo de Ministros adoptó hoy el “paquete de ciudadanía”, un conjunto de medidas legislativas propuestas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional para reformar la normativa en materia de ciudadanía. El objetivo de las medidas adoptadas hoy es valorar el vínculo efectivo entre Italia y el ciudadano en el extranjero. El Ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, aclaró que “no se eliminará el principio del ius sanguinis y muchos descendientes de emigrantes aún podrán obtener la ciudadanía italiana, pero se establecerán límites precisos, sobre todo para evitar abusos o fenómenos de ‘comercialización’ de los pasaportes italianos. La ciudadanía debe tomarse en serio”.
De hecho, los países con mayor emigración italiana han experimentado en los últimos años un fuerte incremento en los reconocimientos de ciudadanía. Desde finales de 2014 hasta finales de 2024, los ciudadanos residentes en el extranjero han pasado de aproximadamente 4,6 millones a 6,4 millones: un aumento del 40 % en 10 años. Los procedimientos judiciales pendientes para el reconocimiento de la ciudadanía superan los 60.000.
Por ejemplo, Argentina pasó de unos 20.000 reconocimientos en 2023 a 30.000 al año siguiente. Brasil pasó de más de 14.000 en 2022 a 20.000 el año pasado. Venezuela registró casi 8.000 reconocimientos en 2023. Los descendientes de italianos en el mundo que podrían solicitar el reconocimiento de la ciudadanía según la ley vigente se estiman entre 60 y 80 millones.
La reforma liberará recursos para hacer más eficientes los servicios consulares, en la medida en que estos podrán dedicarse exclusivamente a quienes tengan una necesidad real, en virtud de su vínculo concreto con Italia. El sistema actual afecta negativamente a la eficiencia de las oficinas administrativas o judiciales italianas, que se ven sometidas a presión por parte de quienes se trasladan a Italia únicamente para intentar acelerar el proceso de reconocimiento de la ciudadanía, fomentando además fraudes o prácticas irregulares.
Para alcanzar este objetivo, se procederá en dos fases: algunas normas entran en vigor de inmediato mediante decreto-ley y, posteriormente, se llevará a cabo una reforma orgánica de los requisitos sustanciales y de los procedimientos en materia de ciudadanía.
El decreto-ley aprobado hoy (el texto está disponible en el siguiente enlace: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/28/25G00049/sg) prevé que los italo-descendientes nacidos en el extranjero serán ciudadanos automáticamente solo por dos generaciones: solo quienes tengan al menos un padre o abuelo nacido en Italia serán ciudadanos desde el nacimiento.
En la segunda fase, con un primer proyecto de ley (también aprobado hoy), se introducen modificaciones sustanciales adicionales y más profundas a la ley de ciudadanía. En primer lugar, se exige a los ciudadanos nacidos y residentes en el extranjero que mantengan vínculos reales con nuestro país a lo largo del tiempo, ejerciendo los derechos y deberes del ciudadano al menos una vez cada veinticinco años.
La reforma se completa con un segundo proyecto de ley que también revisa los procedimientos para el reconocimiento de la ciudadanía. Los residentes en el extranjero ya no deberán acudir a los consulados, sino a una oficina especial centralizada en la Farnesina. Habrá un período transitorio de aproximadamente un año para la organización de dicha oficina. La intención es hacer más eficientes los procedimientos, con claras economías de escala. Los consulados deberán concentrarse en la prestación de servicios a quienes ya son ciudadanos y no en “crear” nuevos ciudadanos.
El decreto también incluye otras medidas para mejorar y modernizar la prestación de servicios: legalizaciones, registros civiles, pasaportes, documentos de identidad válidos para viajar. Además, se prevén medidas organizativas para poner la estructura de la Farnesina cada vez más al servicio de los ciudadanos y las empresas.
Se proporcionará más información en cuanto esté disponible.
