Ha comenzado oficialmente el curso de formación en Derechos Humanos dirigido a funcionarios de Gendarmería de Chile, promovido por IDLO – International Development Law Organization, con el apoyo financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia.
El programa, que cuenta con la participación de 35 personas, tiene como objetivo fortalecer el enfoque en los derechos humanos por parte del personal penitenciario chileno, con especial atención a la protección de las mujeres privadas de libertad y de los grupos vulnerables.
Durante la ceremonia inaugural, la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Chile, Daniela Quintanilla Mateff, destacó el valor de la iniciativa y el rol de Gendarmería, calificándola como una institución capaz de entender que los derechos humanos “no son solo una limitación a la acción, sino una herramienta estratégica que da legitimidad a nuestra labor, especialmente a quienes tienen la difícil tarea de ejercer el monopolio de la fuerza, una gran responsabilidad”.
“La formación en curso – señaló la Primera Secretaria de la Embajada de Italia en Chile, Althea Cenciarelli – representa mucho más que una acción técnica: es la expresión concreta de una visión compartida entre Italia y Chile, basada en el respeto mutuo, la centralidad de los derechos humanos y la construcción de respuestas eficaces frente a desafíos globales como el crimen organizado transnacional, ámbito en el que nuestros países colaboran con creciente intensidad”.
La Jefa de Programa de IDLO para América Latina y el Caribe, Sara Nardicchia, reafirmó el compromiso de la Organización en trabajar junto a Italia y Chile para promover una gestión penitenciaria eficaz, transparente y plenamente respetuosa de los derechos humanos.
A la ceremonia asistieron también altas autoridades de Gendarmería de Chile, entre ellas la Subdirectora Operativa, Helen Leal González, y el Subdirector de Reinserción Social, Pablo Gaete Letelier. Este último agradeció al Gobierno italiano y a IDLO por su apoyo, y declaró: “Para nuestra institución, la protección de los derechos humanos es una prioridad. Invito a los participantes a sacar el máximo provecho de esta experiencia formativa, de modo que el enfoque de derechos humanos pueda integrarse en cada una de las unidades penitenciarias del país”.
Los participantes del curso fueron seleccionados en base a criterios que consideran la complejidad operativa de los respectivos centros de detención y el rol estratégico que desempeñan dentro de los distintos establecimientos penitenciarios, con el fin de asegurar un impacto efectivo y duradero del proceso formativo.
